El Operativo Independencia. A propósito del reciente fallo judicial en la causa sobre el "Operativo Independencia".

  
Una gigantesca maquinaria bélica en Famaillá. (Fragmento del libro inédito "Historia de Famaillá")

  Apenas comenzó el año de 1975, en febrero más precisamente, desembarcó el Operativo Independencia en la provincia e hizo inmediatamente su cuartel general en Famaillá, porque era la puerta de entrada a la espesura de los montes de las laderas orientales de las montañas que encierran a los valles calchaquíes. Desde la selva de yungas, los combatientes, alzados en armas en contra del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, bajaban a la ciudad de los famaillenses y a los pueblos menores que dependían de ella, como Santa Lucía. Se abastecían, interactuaban con su gente, incursionaban en algunas acciones violentas, como tomas de comisarías y otros edificios públicos de la zona, y volvían a perderse en el manto boscoso, donde eran casi inatrapables. A veces, incluso, sus incursiones se extendían hasta la capital provincial, donde perpetraban algún atentado para desafiar a las autoridades democráticas establecidas. Asesinatos, bombas y un reguero de terror era el camino que habían abierto entre la sociedad de los primeros años de 1970 aquellos movimientos armados de clara adhesión al trotskismo que imperaba con fuerza en la época, no menos diferentes de la adhesión peronista de la otra agrupación armada que se conoció en esos años como Montoneros. Uno y otro, claro está, intentaban golpear con fuerza al orden constitucional. El Erp perseguía la utopía de instalar la revolución cubana que desde la isla caribeña Fidel Castro quería exportar a los países subdesarrollados de Sudámerica y Africa, pero Montoneros había nacido, en realidad, para asediar y desestabilizar a los regímenes militares que desde 1955 intentaban eliminar al peronismo y mantener a Perón en el más lejano exilio. Sin embargo, siguió desafiando al poder del mismo Perón, cuando no sólo había regresado a la Argentina, sino que además había vuelto a gobernarla constitucionalmente. 
  Ese orden constitucional fue el que la presidente Isabel Perón ordenó resguardar y defender cuando mandó organizar este operativo represivo, que le encomendó ejecutarlo a las fuerzas armadas. El general Acdel Vilas fue el primer comandante de estas operaciones militares, quien ejerció un virtual gobierno de la provincia en las sombras, a la vez que concentró la suma de facultades castrenses que necesitaba para la aplicación efectiva y sin márgenes de error de las operaciones de persecución y represión de las fuerzas insurgentes que desde el lenguaje militar se calificaba como “delincuencia subversiva”, porque pretendían justamente “subvertir” el orden establecido. 
  Una gigantesca maquinaria bélica se posó desde entonces en Famaillá. Era una ciudad ocupada por las fuerzas militares, literalmente sitiada por varios miles de soldados y policías de la provincia, en un operativo conjunto, en el cual participaban algunos cuadros de oficiales y suboficiales de las otras fuerzas armadas. Como refuerzo al monumental espectáculo bélico, se sucedían interminables desfiles de camiones, jeep y demás vehículos aptos para trasladar hombres, armamentos pesados y logística. Entre la mirada atónita de los vecinos de Famaillá, los niños eran los únicos que se regocijaban con esta colosal presencia militar. Se sentían protagonistas de alguna película de guerra, mientras saltaban, saludaban e interactuaban con los soldados y oficiales que pasaban en la marcha de los automotores. Para los ojos de la infancia, era un gran juego de guerra y nada más. En fin, una invasión de uniformes y cascos verdes y azules que se apropió de sus calles, edificios públicos o instituciones deportivas y escolares para establecer allí el comando general de las operaciones militares, que desde entonces desplegarían con toda la furia sobre el “enemigo”. Un ejército que ocupó pueblos y rutas dominaba todo el escenario provincial, sobre todo a lo largo de la ruta 38, entre Monteros y Famaillá, y la ruta de ascenso a Tafí del Valle. Tropas, camiones y pertrechos militares del más variado calibre se convirtió en un paisaje cotidiano en la estática vida de esas localidades, cuyo espíritu se mostraba ahora igualmente atónito frente a semejante escenario de combate que en pocos días habían sido transformados sus hogares. Apenas se lanzó este operativo, el gobierno nacional anunció que apoyaría su ejecución con “obras concretas de asistencia social que pongan freno por sí sola a cualquier intento de subversión”. Esto significaba una “acción cívica” de refuerzo a la operación militar, como entrega de alimentos, reparación de calles y edificios públicos, inauguración de escuelas y construcción de dispensarios sanitarios, como un camino hacia la efectiva integración de las fuerzas militares en cada uno de los pueblos donde había penetrado la guerrilla para conseguir la aceptación de la nueva presencia militar, así como la de sus tareas. En mayo de ese año de 1975, inclusive, la propia presidente Martínez de Perón visitó Famaillá y toda la zona de operaciones militares para conocer personalmente las tareas y el territorio adonde había enviado a las tropas del Ejército y estimular a sus hombres. Al mismo tiempo, la presencia presidencial daría más confianza en el plan militar de “aniquilamiento” del movimiento rebelde. Meses más tarde, en setiembre, el nuevo comandante general del Ejército, general Jorge Videla, visitó igualmente la jefatura del Operativo Independencia, en Famaillá. Lo haría otra vez en la próxima Navidad, en cuya oportunidad se atrevió a emplazar al gobierno de la presidenta Perón y le concedió tres meses para que pudiese corregir el rumbo errático de su administración, no ya en lo atinente a la lucha contra la sedición extremista, sino con relación a la grave situación social y económica que padecían los argentinos, cuyas movilizaciones y un escenario de inflación descontrolada, luego del “rodrigazo”, daban ciertamente un marco de caldo ideal para el crecimiento de la sublevación guerrillera y el alzamiento militar en contra del orden constitucional.
 En la última sesión del Senado provincial de ese año, la aflicción por la inestabilidad institucional que se respiraba en el mundo de la política de Tucumán y del país se dejaba entrever claramente en los debates parlamentarios. Rumores de golpe de Estado, aventados virtualmente desde la voz del mismo jefe del Ejército durante la vigilia navideña, coronaban un año crucificado de traumas hiperinflacionarios y el hostigamiento guerrillero, lo cual movilizó a los legisladores a buscar el compromiso de los militares con el respeto a la legalidad. Dardo Molina, presidente de ese cuerpo legislativo, aprovechaba, por ejemplo, aquella reunión de la Cámara Alta para realzar la vocación legalista del Ejército, que había sido proclamada por el comandante de la Quinta Brigada de Infantería, general Antonio Bussi, según recordaba el senador justicialista, quien a la vez resaltaba el “firme alineamiento del Senado junto con las fuerzas enfrentadas a la subversión”. En nombre de la bancada del Frejuli, finalizaba saludando a las tropas y oficiales, con motivo de fin de año, que combaten el extremismo y defienden “lo surgido desde los comicios de 1973”. Tres meses, precisamente, debieron transcurrir para la caída de la democracia a los abismos de la ilegalidad. Era la misma sesión en que los senadores remitieron al estudio de comisiones el proyecto de ley del PE por el que impulsaba la remoción del intendente famaillense, Julio Saracho. En la misma iniciativa del gobierno provincial se proponía a Miguel Ángel Méndez como sucesor del funcionario que pretendía separar. 
  En aquel marco de coordinación de políticas civiles y militares, el ministerio de Bienestar Social de la Nación, a cargo de José López Rega, enviaba cuantiosos cargamentos de mercaderías para distribuir entre esas poblaciones y asegurar el apoyo popular. Pero el comandante Vilas pronto centralizó el manejo de estos trabajos y desde su base de operaciones repartía las mercaderías, útiles escolares y frazadas, por ejemplo, en la zona del operativo castrense. De modo que articuló una suerte de estructura de trabajo social con personal militar que relevaba las necesidades de cada comunidad y luego llegaban con la ayuda que recibían desde el gobierno nacional. Fue una estrategia segura que, en efecto, le garantizó la adhesión generalizada de la población del interior de la provincia -el apoyo de la mayoría de los habitantes de la capital provincial estaba descontada-, con lo cual obtuvo lo que se había propuesto: legitimar socialmente el Operativo Independencia. 

El combate de Manchalá 

 A poco de echarlo a rodar, el imponente operativo militar tuvo su bautismo de fuego, que fue a la vez el enfrentamiento armado de mayores dimensiones que tuvo en todo su desarrollo. El 29 de mayo de 1975, tuvo lugar lo que se conoció como el “Combate de Manchalá”. Algo más de cien hombres del Erp se encontraron con las fuerzas del Ejército a la altura de la Escuela de Manchalá, a unos 18 kilómetros al oeste de Famaillá, lo cual impidió que el escuadrón sedicioso pudiese cumplir con su plan: atacar el comando del Operativo Independencia. Según declaró el propio Vilas, el plan preveía fusilar a la alta oficialidad y hacer prisionero al jefe de las operaciones; después, liberar a los detenidos en la Escuelita y a los soldados, luego de desarmarlos. En otras palabras, tomar la ciudad de Famaillá. No se sabe si la estrategia habría incluido todo lo que describió el jefe militar, hubo documentación secuestrada a los guerrilleros en esa oportunidad que sirvió para avalar esa hipótesis, pero lo cierto fue que el Erp pretendió desde siempre tomar gran parte del interior de la provincia, en cuyos pueblos operaba para declararla “zona liberada” y así conseguir el reconocimiento internacional de “bando beligerante”. En toda la zona que llegó a cubrir con sus actividades, el movimiento guerrillero llegó a cobrar peaje para transitar por sus rutas. Era un territorio virtualmente ocupado por los combatientes erpianos. En realidad, el fenómeno de la guerrilla rural, más tarde extendida a las áreas urbanas, fue un duro acicate que debió soportar el gobierno de Juan Domingo Perón, desde que asumió la Presidencia, el 12 de octubre de 1973. Ataques a regimientos y comisarías en todo el país, mientras en Tucumán crecía la presencia facciosa, sobre todo en los pequeños poblados y montes de las áreas rurales del oeste provincial. Hasta que, tras la muerte de Perón y la asunción de María Estela Martínez de Perón como presidente de la Nación, el Erp decidió intensificar sus atentados y vuelve a atacar a regimientos de Catamarca y Córdoba, a cuyos prisioneros anunciaba que no le aplicaría el tratamiento de las convenciones internacionales de guerra, en respuesta a los caídos de sus filas en la represión de Catamarca. La atmósfera social y política se iba caldeando y se redoblaban entonces las operaciones aisladas en los montes tucumanos, a través de tareas conjuntas de las policías provincial y federal, que tenían un refuerzo militar, todavía de alcance limitado. Desde el Erp, cumplieron con la promesa y desataron una escalada de asesinatos en contra de oficiales y soldados del Ejército, incluyendo el atentado a la familia del capitán Humberto Viola, el 1 de diciembre de 1974, en el que murieron el militar y su hija de tres años de edad. Había sido un golpe demasiado duro, de cara a la conciencia de la sociedad, y los mismos guerrilleros advirtieron de sus excesos e hicieron pública su decisión de suspender las ejecuciones individuales de los representantes de las fuerzas armadas. A pesar de todo, los militares todavía seguían a distancia el conflicto que mantenía el gobierno nacional con la espiral de violencia que había desatado la irrupción guerrillera en el país. 
  Pero la gota que colmó el vaso fue la muerte del comandante de la Quinta Brigada de Infantería, el general de brigada Ricardo Muñoz, que cayó, el 5 de enero de 1975, junto a otros diez altos oficiales de esa arma, en un avión militar que sobrevolaba la zona de operaciones. El informe oficial del Ejército explicó el hecho como un accidente que sucedió a la altura del ingreso al valle de Tafí, pero siempre se sospechó que fuera un atentado extremista el que derribó la aeronave. Lo concreto fue que al mes siguiente se lanzó el gigantesco Operativo Independencia, al mando del general Acdel Vilas, quien a la vez se hizo cargo de la región militar que dependía de la Quinta Brigada de Infantería. 
  En fin, el tablero del combate estaba claramente definido, así como cuáles eran los bandos que se enfrentaban y una clara identificación y reconocimiento de quién era el “enemigo apátrida” que debía ser exterminado. Los dos demonios estaban claramente definidos en el campo de batalla. Pero cada uno de ellos tenía, desde luego, sus pies hundidos en el barro social, en el consenso y en el rechazo de la gente común. Desde que se iniciaron las operaciones y las tropas se instalaron en las ciudades del interior tucumano, Vilas cuidó de que sus soldados se mezclasen con las comunidades y las movilizaran en su apoyo y participación, a través de la organización de actos civiles y militares, como fechas patrias y otros aniversarios comunitarios. Incluso, se organizaban eventos deportivos donde competían y confraternizaban militares y civiles. Mientras tanto, se llevaba adelante el plan de secuestros, torturas y desapariciones de numerosas personas que eran seleccionadas sin ningún fundamento que diese racionalidad a las tareas.
 Manchalá, primero, donde el Ejército se adjudicó el triunfo ante la caída y toma de prisioneros de numerosos hombres del centenar de guerrilleros que participaron del combate, y la muerte, más tarde, de Juan Carlos Molina y Manuel Negrín, jefe y subjefe de la Compañía de Monte “Ramón Rosa Giménez”, que había abierto los primeros caminos de la guerrilla rural en Tucumán, fueron las plataformas más importantes para el avance arrollador del operativo militar en las selvas y pueblos de la provincia, durante ese año de violencia extrema en todo su territorio. A fines de octubre, incluso, entran en escena los aviones de la Fuerza Aérea, traídos a bombardear las laderas boscosas de las montañas tucumanas, en apoyo de las acciones del Ejército.

(C) Hugo Morales Solá

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Fuentes:
·  Archivo Histórico de Tucumán.
·  Archivo de La Gaceta.
·  Archivo de Indias. Portal de archivos españoles en red (PARES). www.pares.mcu.es
·  Instituto de investigaciones históricas “Prof. Manuel García Soriano” de la Universidad delNorte “Santo       Tomás de Aquino” (UNSTA).
·  Biblioteca Provincial.
·  Biblioteca de la H. Legislatura.
·  Biblioteca del Museo Histórico de Tucumán.
·  Municipalidad de Famaillá. 

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