Las primeras luces del Operativo Tucumán traían algo de sosiego al agobiado espíritu de los famaillenses. Un proyecto de radicación de un parque industrial distribuido en toda la provincia, en las zonas más castigadas por el desempleo de los trabajadores azucareros, que tentaba a los inversionistas con el anzuelo de la desgravación impositiva, permitió el establecimiento de plantas fabriles de pequeño y mediano porte, salvo en el caso de la instalación de Saab Scania y, en menor medida, Grafanor, que de ninguna manera fue capaz de recoger la enorme masa de trabajadores y obreros que había quedado atada a su tierra y deambulaba entre el hambre y la miseria. Por lo demás, esa mano de obra desplazada de sus fuentes naturales de trabajo era poco o nada capacitada para emprender tareas que en los primeros años de 1970 habían incorporado la tecnología más moderna de su tiempo. Grafanor, por ejemplo, anunciaba que en la planta, que comenzaría a producir en 1972 en el paraje de Agua Blanca, casi a las puertas de Famaillá, habría una sección de hilandería, con 29 mil husos; una tejeduría de 382 telares y un sector de terminación para tejidos de algodón, tejidos mezcla con polyester, teñido de hilados y una línea de confección de toallas. Finalmente, prometía que la planta absorbería un total de 850 empleados, cuando estuviese en pleno funcionamiento.
Para esa misma época, desde el gobierno nacional se anunciaba con bombos y platillos la radicación en Famaillá de una fábrica de encendedores electrónicos, de la firma Magiclick, una conocida marca de aquellos años. La planta también iniciaría su producción en enero de 1972 destinada al mercado nacional e internacional. Calculaba una producción de 400 mil unidades en el primer año, para lo cual utilizaría 60 empleados de la zona. Tal vez, esos intentos de reactivación económica de la zona motivaron a las autoridades del Banco de la Nación Argentina a abrir una sucursal en Famaillá, cuyas puertas se abrieron en julio de 1972, luego de las gestiones que había impulsado la Comisión de “Promoción Socioeconómica de Famaillá”, que lideraba Roque Semma. Desde esta institución financiera oficial se prometía también el lanzamiento de líneas especiales de crédito para agricultores locales destinadas a estimular la reconversión agrícola de la zona, a través del equipamiento de maquinarias o la adquisición de semillas y, en fin, toda la variedad de inversiones que demandase la actividad de siembra, cultivo y recolección.
Pero el mal de fondo, el golpe mortal que se le había asestado a la economía provincial, no alcanzaba a tratarse con meras medidas paliativas. La cura no llegaba, y no llegaría a casi cincuenta años de distancia: Tucumán, en verdad, no pudo nunca volver a ponerse de pie, después de aquel disparo certero al eje de su actividad económica matriz. Pero los famaillenses esperaban y desesperaban, mientras se disparaban los registros de desnutrición infantil y la pobreza extrema se propagaba como una mancha de petróleo en el mar. El mismo intendente Domingo Zelaya, que había asumido en diciembre de 1970, designado por el interventor provincial Carlos Imbaud, en un acto donde recibió todo el apoyo popular y de algunos dirigentes notables de esos años, como el mismo Pololo Villafañe, presentaba su renuncia apenas cinco meses después, luego de “haber sufrido en carne propia el continuo peregrinar humillante, haciendo prolongadas antesalas por pasillos, golpeando de puerta en puerta los despachos y al ser atendido escuchar el clásico ‘vuelva…’, con muy escasos resultados, en su mayoría negativos”. Hacía, sí, un balance de todas las obras que había podido realizar en su corta gestión y se mostraba satisfecha, pero la evaluación profunda resultaba patética con elocuencia”. Las obras más importantes de su plan de obras públicas quedaban pendientes, como la reparación del puente sobre el río Famaillá, que una y otra vez, desde siempre, embestía con sus crecientes a las riberas y puentes de la ciudad, o la red de cloacas y agua corriente, el balneario municipal y el pavimento de acceso a la ruta nacional 38. Zelaya, que había sucedido a César Martínez Santamarina, se fue en silencio, tras una gestión fugaz, cuyo sucesor Gerardo Santiago Coria, recibió un “camino erizado de dificultades”, como describía el secretario de Gobierno provincial, Augusto González Navarro, quien volvía a pedir el apoyo del pueblo de Famaillá para el “representante del PE en esta ciudad, que asume el compromiso de regir los destinos de la comunidad”.
Mientras tanto, los cañeros de todo el departamento famaillense y de zonas adyacentes gestionaban un comité de venta de sus cosechas para conseguir precios más justos al mercado y a sus necesidades. Habían decidido reunirse, porque la experiencia individual dejaba el amargo de sentirse avasallado por su debilidad. El compromiso colectivo de los productores cañeros ofrecía un paquete de 170.000.000 kilogramos de materia prima, con lo cual su capacidad de negociación era ya una poderosa herramienta de persuasión frente a la resistencia de los industriales azucareros. El Instituto Agrotécnico “Departamento Famaillá”, que había sido justamente un viejo reclamo de agricultores de la zona de influencia de ese distrito administrativo se inauguró en Lules, en marzo de 1972, con un pantel de 90 alumnos que estudiarían las técnicas de explotación de granjas y otras actividades agropecuarias.
El cuadro crítico que exhibía la sociedad de Famaillá, así como todo su departamento, desatado por la desocupación masiva, generaba a su vez otros males sociales como el salto alarmante de los índices de alcoholismo en la zona. Incluso, el gobierno municipal de esos años llegó a prohibir el histórico desfile de las agrupaciones tradicionalistas locales, que se conocía como las “Patriadas Gauchas”, en las calles del casco urbano. La medida se apoyaba en la verificación del “triste espectáculo que ofrecen personas ebrias, sin observar las más elementales normas de buenas costumbres y sin que los organizadores tomasen intervención frente a esos bochornosos hechos”. El costo de la vida era particularmente alto en Famaillá, los artículos básicos de la canasta familiar aumentaban en un promedio mayor que en otros pueblos del interior de la provincia, o tal vez así era la sensación de la gente que naufragaba en aquel mar de desempleo y súbito empobrecimiento, en uno de los epicentros de la catástrofe social que vivía Tucumán. Lo cierto fue que esa situación movilizó a los vecinos, en marzo de ese año, a pedir al gobernador Emilio Sarrulle que removiese de su cargo al intendente Gerardo Coria por su “incapacidad e inoperancia”. El planteo vecinal argumentaba “la falta de preocupación del intendente para resolver problemas de importancia, relacionados con cuestiones laborales y ante el elevado costo de los artículos de primera necesidad”.
Lo concreto fue que se aplicaron todos los planes, los gobiernos se sucedían, como una tras otra se apoyaba a las iniciativas que intentaban resucitar al tejido social y económico de Famaillá, de todo su departamento, cualquiera fuese su origen y el color político de una actividad que comenzaba a despuntar de nuevo en los meses agónicos de aquel 1972, cuando el último gobierno militar de la Revolución Argentina decidió convocar a elecciones, abatido por el incendio de su economía y bajo la inmensa presión del primer regreso de Juan Domingo Perón, después de 17 años de exilio en España. Perón fue, en efecto, el último proscripto, aunque ya no su partido político, para participar de los comicios de recuperación democrática que tendrían lugar el 11 de marzo de 1973. La democracia volvía, sí, luego de algunas sublevaciones sociales, como los Tucumanazos, que fueron los últimos actos de rebeldía de los trabajadores azucareros en esos apoyos al movimiento estudiantil sesentista. Después, vendría el debilitamiento de las filas sindicales y, peor aún, el disciplinamiento militante, que dejaba atrás un largo período combativo y de conquistas laborales. Pero comenzaba a abrirse un tiempo de violencia sin control en los campos y ciudades del interior de la provincia con la aparición de focos guerrilleros que, montados en la ola de desesperación y clamor de una sociedad castigada por el hambre y la desocupación, blandía las armas, mientras auspiciaban ilusiones de un mundo inalcanzable y de ideologías inaplicables. Las primeras presencias de dirigentes que comenzaban a plantear ideas vinculadas con la “cuestión social” y a sacudir el sopor de la gente que todavía no podía salir del shock mortal de 1966 con movilizaciones que olían más bien ya a sublevaciones, se remontan a los últimos años de la década del ’60. No había aún actividad armada, salvo algunos hechos encapsulados en revueltas muy puntuales, pero se podía sentir el merodeo de debates sobre la opción comunista de quienes se infiltraban sobre todo en los sindicatos para hacer un verdadero apostolado del ideario marxista-leninista. Eran discusiones de alto voltaje social y doctrinario que excedía largamente, por supuesto, la militancia y la lucha de la resistencia peronista. El cierre de los ingenios de Tucumán, y su reguero de miseria, hambre y desesperación, fue, en definitiva el mejor caldo de cultivo para que prendiese en las cabezas más débiles, que eran sobre todo las que habían quedado atadas sin otra alternativa al destino fatal que se cernía sobre ellas, todo ese discurso utópico, recargado de tantos odios que finalmente desaguó en la violencia.
(C) Hugo Morales Solá
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Fuentes:
· Archivo Histórico de Tucumán.
· Archivo de La Gaceta.
· Archivo de Indias. Portal de archivos españoles en red
(PARES). www.pares.mcu.es
· Instituto de investigaciones históricas “Prof. Manuel
García Soriano” de la
Universidad delNorte “Santo Tomás de Aquino” (UNSTA).
· Biblioteca Provincial.
· Biblioteca de la H. Legislatura.
· Biblioteca del Museo Histórico de Tucumán.
· Municipalidad de Famaillá.
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