Amado Juri. Biografía del gobernador de Tucumán, Argentina, derrocado por Antonio Bussi en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Parte I

La caída   


Tres días antes había empezado el otoño. Pero su cara transpiraba los calores del estío sofocante de enero. Tucumán, es cierto, arrastra con frecuencia las densas humedades del verano hasta las mustias opacidades de abril. Pero no era por eso el frío de la espesa transpiración que en esa madrugada corría profusa por sus mejillas y se frenaba sólo en las alturas de aquel lunar del pómulo derecho, justo arriba de la comisura de los labios, que lo identificó siempre como su sello personal. 
    Con algo de inevitable temblor, aún en su voz interior, le tendió la mano y le dijo: Buenos días, general. El militar no le respondió -es más: ni lo miró- y lo obligó a seguir esperando en la antesala del que fuera hasta esa noche su despacho oficial de gobernador de la provincia. En las primeras horas de la madrugada del 24 de marzo de 1976, apenas se había consumado el golpe de Estado, un jeep del Ejército llegó a Suipacha 862, el domicilio de Amado Juri, para llevarlo a la Casa de Gobierno. Después conocería su nuevo destino de preso político. Hasta ese momento, el gobernador de la provincia vivía desde su casa la angustia creciente de las horas finales de su gobierno. Durante toda la noche, llamaba y recibía llamados en el teléfono particular. Eran las familias de sus funcionarios que le transmitían que habían sido buscados en cada uno de sus domicilios para trasladarlos a la sede gubernamental. Algunos no volverían a aparecer nunca más. Pero en todos los casos debía escuchar la voz desesperada de las esposas o hijos de los miembros de su gabinete. Juri sentía que cada llamada multiplicaba en veinte veces los latidos de su corazón. Trató de adelantarse a la llegada de los militares a la casa de algunos de ellos y empezó a llamarlos para transmitirles un poco serenidad y explicarles que debían ir tranquilos con la patrulla hasta el palacio de gobierno y que él también se presentaría allí. Llamó también a su hermano Wilson, que era el secretario del Interior, pero ya se lo habían llevado. 
 -Bueno, Alicia, no te preocupes. Todo va a estar bien -intentó el mandatario calmar a su cuñada y a sus hijos-. Sólo tenemos que presentarnos en la Casa de Gobierno ante las autoridades militares, porque nuestro gobierno ha sido destituido por las fuerzas armadas, pero en la mañana ya estaremos de nuevo en la casa. Dale un beso a los chicos. 
    Todo fue inútil: la desesperación de las familias del gobierno justicialista que caía esa noche era el grito que ensordecía a la esperanza y a la quietud de los espíritus. 

"Esto es una revolución"

 Todo el palacio de gobierno de 25 de Mayo y San Martín, en la capital tucumana, estaba ocupado esa noche por efectivos del Ejército. El taconeo firme de los uniformes verdes redoblaba en los pasillos, mientras bramaban las órdenes de los oficiales hacia los soldados que cumplían las tareas de ocupación. En la oficina del primer mandatario, todo estaba igualmente revuelto: papeles y expedientes desordenados y revueltos, cajones afuera de su lugar, voces que cruzaban indicaciones y preguntas y una que se alzaba notablemente entre todas por la potencia de sus gritos. La madrugada era ciertamente un caos que olía a allanamiento más que a un minucioso registro de las fuerzas de la ley de todo lo que había en el despacho de la Gobernación. De pronto el silencio serenó el desorden en la antesala de la larga espera y otra vez volvió a pesar la densa humedad que la noche exhalaba desde adentro mismo de los cuerpos. La mirada azul del general se volvió por primera vez sobre aquel hombre enfundado en su clásico traje oscuro y crepitó entonces el desasosiego. Esto es una revolución -le dijo convencido el militar-, a la cual doy mi vida y exijo la vida de los demás. Luego le comunicó formalmente que estaba destituido de su cargo en nombre del Proceso de Reorganización Nacional y que sería detenido y trasladado, con su gabinete de ministros y secretarios de Estado, a la sede del Comando de la Quinta Brigada de Infantería. Uno tras otro, fueron buscados y reunidos en la sala de Prensa gubernamental. En el pasillo que une esta oficina con el que acababa de dejar de ser su despacho, el gobernador depuesto se encontró con un grupo de periodistas que escribirían después la crónica del derrocamiento. Juri quiso acercarse a ellos y ellos, por supuesto, a él, pero el brazo de un oficial, naturalmente armado, lo detuvo en el camino del encuentro y le impidió comunicarse con quienes lo habían acompañado en esos últimos tres años de gestión democrática. 
    Afuera, la lluvia era un presagio obstinado y oscuro que caía sobre las cúpulas negras del palacio gubernamental. Adentro, los dos hombres se miraron en silencio: uno desde la orilla de la Constitución y el otro desde el barranco del poder de las armas. Un abismo insondable separaría definitivamente a ambos, pero esa brecha no fue nunca una sumidero de rencores ni de venganza, sino un tajo incicatrizable de ideas, valores y principios que se opuso siempre entre ellos. Y, sin embargo, un extraño sino los mantuvo atados casi hasta el fin de los días del mandatario de la ley. Desde esa noche, en fin, el general Antonio Domingo Bussi tomó el gobierno de los tucumanos y continuó simultáneamente a cargo del Operativo Independencia, como comandante de la Quinta Brigada de Infantería que tenía asiento, por esos años, en Tucumán. 
    La mañana del 24 de marzo los encontró ya en la unidad militar de avenida Sarmiento al cuatrocientos. Quince días estuvieron allí Juri y sus funcionarios, devenidos ahora compañeros de encierro, hacinados todos en cuartos de oficinas que sirvieron para improvisar unas estrechas celdas. Nada, salvo lo puesto, le fue permitido traer al lugar de la detención, no pudo rescatar ni una de las cosas personales que guardaba en su despacho. Pero qué importancia podía tener eso ahora en medio de la aflicción que don Amado sentía por la suerte de los demás funcionarios y demás integrantes del gobierno que acababa de caer y no estaban con él. No había visto, por ejemplo, al secretario general de la Gobernación, Juan Tenreyro, o a José Chebaia, que estaba a cargo de la Secretaría de Planeamiento. No los vería nunca más. Tampoco volvería a saber jamás de los senadores provinciales Damián Marquez y Guillermo Vargas Aignasse, o del diputado justicialista Raúl Lecchessi, con quienes, corridos más a la izquierda de su partido, había anudado algunas alianzas estratégicas en el esfuerzo de mantener una equilibrada relación de fuerzas que le asegurase la gobernabilidad de la provincia, en aquellos años en los que el debate profundo de las ideas presidía la convivencia política, cuya coherencia, de uno y otro lado, llevó las disputas hasta su encarnación en la movilización de la sociedad tucumana, que tenía, por cierto, una historia reciente de levantamientos populares. Todavía latía caliente en la memoria colectiva el grito rebelde de dos Tucumanazos, donde unieron sus clamores los estudiantes y los trabajadores del campo y de la ciudad, en especial los de la Fotia, la por entonces poderosa central obrera de la industria azucarera, que llegó a ser la espina dorsal del movimiento sindical de la provincia y aún de la región, capaz de aportar importantes cuadros de dirigentes a las filas de la sociedad política local. 

"No m’hijo. Ya no somos gobierno"

   Faltaba Apacita, con el diminutivo con el que le gustaba llamar afectuosamente a casi todos sus funcionarios, de quien sabía que estaba Buenos Aires gestionando fondos para avanzar en la fase final de la obra del dique La Angostura, en Tafí del Valle. El 23 de marzo, en efecto, el secretario de Hacienda, Manuel Apaza, había trajinado todo el día los pasillos del ministerio de Economía detrás de esa remesa de dinero, de la cual había obtenido el compromiso de que al día siguiente estaría en la provincia. A la media tarde, cuando finalizó la jornada de trabajo, el funcionario se acercó a la oficinas de la representación tucumana en la Capital Federal, en Bartolomé Mitre y Esmeralda, en la misma esquina en la que funcionaba la sucursal del Banco de la Provincia de Tucumán, y se comunicó por teléfono con el gobernador Juri para informar sobre el éxito de la gestión para la obra que había sido motivo de una especial atención y seguimiento del mandatario justicialista.  
-¿Cómo están las cosas ahí, m’hijo?- preguntó Juri sin que su voz transmitiese en realidad el tono dramático del momento que vivían los argentinos. 
 -Quédese tranquilo, don Amado, mañana tendrá en Tucumán los fondos para que Sollazo pueda terminar los trabajos en Tafí del Valle -contestó casi con ingenuidad Apaza, cuya obsesión por asegurar esos dineros del Fondo de Desarrollo Regional, que administraba Economía y el ministerio del Interior, lo había sustraído de la realidad. 
 -No, Apacita. Yo te pregunto cómo están las cosas en Buenos Aires. 
 -Bueno, yo no he visto nada significativo, salvo algunos soldados en la terraza de la Casa Rosada, cuando estaba esta mañana en el último piso de Economía. Pero nada más. Es más, me distraje mirando un elegante carruaje de un diplomático extranjero que ingresaba allí para presentar seguramente sus cartas credenciales ante la presidente de la Nación. 
 -No m’hijo. Ya no somos gobierno -La voz del gobernador sonó esta vez desplomada hasta la angustia y la impotencia. 
    La noticia le enfrió la sangre a Apaza hasta los tuétanos. Juri le explicó inmediatamente la inminencia del golpe de Estado, según información confidencial que manejaba de diferentes fuentes de cuya infalibilidad no tenía ni un aliento de duda. El mayor retirado Alberto Schilling era, entre otros informantes, donde Juri abrevaba confiado. Schilling estaba destinado como un alto ejecutivo a la planta de Saab Scania que estaba a punto de inaugurarse en la provincia, de modo que su información le llegaba graneada, tanto por vía de las fuerzas armadas como desde el directorio mismo de la automotriz de capitales suecos que había decidido radicarse con los beneficios del Operativo Tucumán. 
   Faltaban ciertamente numerosos dirigentes, otros funcionarios y legisladores provinciales, cuya ausencia es todavía un insoportable cráter de desconsuelo. Se preguntará más tarde qué habrá sido también del diputado nacional de su partido, Bernardo Villalba y de Dardo Molina, el presidente del Senado de la provincia, que era su vicegobernador, desaparecido unos meses después de la noche golpista, con quien había mantenido una relación institucional difícil en los casi tres años de gobierno, diferencias de forma y de fondo en la perspectiva de llevar adelante la administración del gobierno provincial pero que en esta circunstancias se habían evaporado inmediatamente, como la escarcha al sol. El propio Molina intentó sin suerte hacerse cargo de la defensa de Juri en los tribunales, como su abogado patrocinante, poco después de su encarcelamiento. En fin, lo cierto fue que estuvieron -el ex jefe del Estado provincial y la mayor parte de su gabinete- las dos primeras semanas en la dependencia militar y luego fueron llevados a la cárcel de Villa Urquiza, donde Juri estuvo detenido dos años, nueve meses y siete días, contados uno por uno por él mismo, cada noche en la media luz de su celda. 
   Como si un socavón de niebla los hubiera tragado definitivamente, junto a tantos otros tucumanos que no volvieron más a la luz del día, aquellos funcionarios y legisladores tampoco tuvieron amanecer y encallaron en la noche sin retorno. Nadie supo nunca más nada de todos ellos, una horrible oscuridad de odios y crueldades los enfrió definitivamente del sol. Pero ningún olvido pudo callar la pregunta que una y otra vez Juri volvía a asestar sobre la sinrazón y la indiferencia. Contra el tiempo y el milenio, a finales de los años noventa, cuando el líder justicialista ocupaba una banca en el Congreso de la Nación seguía martillando con su obsesión: ¿Qué pasó con los funcionarios de mi gobierno y con muchos tucumanos que fueron sacados de sus casas y todavía no se conoce dónde están sus cuerpos?, se preguntaba siendo ya diputado nacional.   
   Apacita salió desencajado esa tarde, exactamente a las 17, de la Casa de Tucumán, en la city porteña, caminó unos metros por esas cuadras sombrías del microcentro y entró en un bar italiano para distenderse. El chopp vespertino fue inútil: la preocupación a esta altura se iba transformando en una verdadera aflicción que podía sentirla literalmente correr por todo su cuerpo hasta erizarlo de desazón. Tampoco fue a la cena que había sido invitado en la sede de la representación provincial y se quedó en el cuarto del hotel Romaneli.         
    Apenas podía vencer al insomnio con espejismos breves de somnolencia, donde se materializaban nítidamente las imágenes del pánico que lo sobresaltaban esa noche sobre su suerte al regreso a la provincia. Hasta que alrededor de las tres de la madrugada sonó el teléfono. ¡Manuel te ha venido a buscar el Ejército!, le anunció desde Tucumán la voz trémula de su esposa. Apaza, por supuesto, le pidió tranquilidad y le dijo que viajaría ese mismo día, aunque recién pudo hacerlo al día siguiente de la instalación del gobierno militar, porque se habían suspendido todos los vuelos internacionales y de cabotaje en el país. 
   Cuando llegó a Tucumán, el secretario de Hacienda se presentó de inmediato en Casa de Gobierno ante el general Antonio Bussi, quien sin más trámite ordenó que lo detuvieran y lo trasladaran esposado en ese mismo momento hasta el Comando de la Quinta Brigada de Infantería. Apaza y el ministro de Economía, el ingeniero Héctor René Torres, recuperaron su libertad el día del traslado de los demás funcionarios a la cárcel de Villa Urquiza. Ahí nos separamos -recuerda estremecido-, pero si yo no hubiera estado en Buenos Aires, seguramente desaparecía cono Chebaia y Tenreyro. Wilson Juri, el hermano menor de don Amado, que había sido secretario del Interior, acompañó unos pocos días al gobernador encarcelado temporariamente en la sede del Comando de Quinta Brigada de Infantería y antes de que trasladasen a los detenidos al penal de Villa Urquiza recobró igualmente su libertad. 

A la cárcel

   Cuando cumplió quince días de encierro en la unidad militar de avenida Sarmiento al 400, el pelotón de funcionarios de la democracia subió a un camión Unimog y se lo llevaron a la penitenciaría. Casi todo lo que hasta unos pocos días atrás había sido el elenco de gobierno de Tucumán, era ahora un grupo de presos políticos que estaba recluido en el pabellón E, un sector de la prisión apenas separado del resto de la población carcelaria común. No era vana la preocupación de don Amado por la suerte de sus compañeros de gobierno y de la militancia política. Estaba perfectamente enterado de los movimientos y de los proyectos militares, sabía que la lucha en contra de la guerrilla en el campo había sido furiosamente efectiva. Algunos testimonios de la época cuentan incluso que Adel Vilas, el jefe del Operativo Independencia que precedió a Bussi, solía comentar que la victoria más importante que obtuvo en el año que estuvo al mando de la operación militar fue revertir y transferir el temor de la propia tropa a la subversión, con el agravante de que ese temor entre la guerrilla se convirtió en terror, ante la celeridad, superioridad y dureza del Ejército. Juri había seguido, en efecto, cada paso del movimiento guerrillero y de la lucha antisubversiva y sabía que las tácticas de aquella se habían metido ya en la ciudad para transformarse en guerrilla urbana, más feroz aún y más trágica entonces su represión. Las última noches del gobierno constitucional fueron, en verdad, una ordalía de bombas y atentados, de violencia y muerte, un desmadre de la razón y un desborde de los controles normales de la democracia. Del otro lado, una suerte de organización paramilitar furiosamente anticomunista que se conoció Alianza Anticomunista Argentina, digitada por José López Rega, competía en el sucio trabajo del secuestro, la tortura y la desaparición. Eran conocidas en esos años las temidas cartas, que se identificaban con las tres A, en las que se amenazaba y se dictaba el destierro en plazos improrrogables de una noche -a lo sumo de dos o tres días- para abandonar el país, bajo pena de ejecución sumaria.


© Hugo Morales Solá

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