Los "aparecidos" (Fragmento del libro inédito "Historia de Famaillá")
Esa cuña de muerte y terrorismo que se inició en los primeros años de 1970, con las primeras apariciones de entrenamientos de grupos guerrilleros en los montes tucumanos, ahogaría en poco tiempo a la reconquistada democracia de 1973, cuya caída desataría el desmadre de la razón y el desenfreno de la violencia. Fueron ellos los primeros que sembraron el terror y el miedo en la gente común, que en el campo les llamaban “aparecidos” a las primeras incursiones de estas tropas ilegales, aunque es cierto que pudieron conquistar después algún apoyo, que nunca llegó a ser masivo, entre los campesinos. Al terrorismo se replicó luego con más terrorismo desde el Estado. Se mató a mansalva y por doquier, sin saber a quién. Una siesta interminable de muerte y horror se enseñoreó en las calles, en los montes y en los cañaverales del interior tucumano. Y Famaillá fue una víctima central de aquella peste violenta y esa exaltación de la sinrazón.
A pesar de las inyecciones keynesianas que el gobierno democrático de ese año intentó aplicar sobre el ardor de una economía de mercado del régimen militar, que siempre favorecía a los sectores del capital, Tucumán no podía despegar y se quedaba en el carreteo de sus penurias. En el interior estaba el huevo de la serpiente, allí anidaban los males de la mortalidad infantil y las otras plagas que había traído el fatal decreto de Onganía. El intendente constitucional de Famaillá, Julio Saracho, insistía en noviembre de 1974 en llevar adelante un plan urbanístico para la ciudad. La intención del jefe comunal era crear puestos de trabajo, a la vez que se encaraba un modelo de desarrollo urbano que se tradujese en la modernización y el progreso de su pueblo. Un azote nuevo, en efecto, se había metido en la dinámica de la reactivación económica de la provincia, que igualmente generaría nuevas olas de cesantías y paro laboral: la tecnificación del agro, sobre todo de los cañaverales que habían quedado activos en el campo tucumano. Este progreso tecnológico, claro, arrastraba más desocupación y miseria en Tucumán. Para el año 1972 la Revolución Argentina podía estar satisfecha: había conseguido su propósito de reducir la industria azucarera y acometer el desguace literal de esta actividad en la provincia, sin medir, claro está, el costo social y humano elevadísimo que todo eso supuso. En otras palabras, los 16 ingenios que había sobrevivido y molían en Tucumán, eran capaces de producir más que las 27 fábricas que funcionaban antes de 1966.
En 1974, precisamente, hizo su debut la Compañía de Monte “Ramón Rosa Giménez”, un batallón armado de entre 50 y 100 miembros que había adiestrado y entrenado el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Esta organización guerrillera fue quizás la de mayor presencia en las áreas rurales de la provincia, mientras que la peronista de Montoneros, asediaba con violencia en la ciudad, en operativos que a veces coordinaba con el Erp. Pero el discurso de este movimiento extremista era justamente acompañar a las demandas de los campesinos y trabajadores rurales y de ingenios desocupados del interior tucumano. En un primer momento, la gente de a pie recibió con algún grado de simpatía el mensaje subversivo, en medio de la desesperación y la confusión que padecían desde 1966, mientras era una preocupación para los grandes terratenientes e industriales de la zona donde hacia foco la actividad guerrillera. Santa Lucía, Famaillá, y toda la región del pedemonte se poblaban cada vez más de combatientes guerrilleros que se abastecían en estos pueblos. Pero cuando la escalada de violencia fue creciendo hasta explotar en medio de la convivencia social rural y urbana, esos primeros gestos de aceptación se transformaron de inmediato en un rechazo generalizado a cualquier discurso que descansara en la muerte y la eliminación de los adversarios. El repudio social tenía, por otra parte, la tracción del miedo que ahora los atentados y la actividad guerrillera había sembrado entre la gente común. Se trataba, en definitiva, de la intensificación de las luchas sociales que se habían iniciado en la década de 1960 con las revueltas y las rebeliones callejeras, como los cordobazos y los tucumanazos, y ahora pasaban a la etapa armada, a través de cuerpos orgánicos que daban una respuesta violenta a la hegemonía tradicional de aquellos centros de poder económico que, salvo en los períodos peronistas y radical, podían detentar a la vez el poder político y ponerlo a su servicio.
A fines de aquel año de 1974, el gobierno municipal de Julio Saracho seguía con no menos preocupación esta nueva realidad que los envolvía entre los hedores de la pólvora de la violencia y gestionó en el Senado de la provincia la sanción de una ley que permitiese la colonización de 800 hectáreas de la finca La Fronterita, que había pasado a propiedad del Estado provincial, para transferirlas a sus tenedores precarios. La iniciativa perseguía dar seguridad y estímulo a los agricultores que trabajaban esas tierras sin que les perteneciese en propiedad. En la Cámara Alta, impulsaron el proyecto de ley los senadores justicialistas Dardo Molina y María Luisa Díaz de Soria. El loteo debía prever terrenos de 10 a 30 hectáreas, cuya compra podía ser formalizada a través de créditos blandos que previesen una tasa de interés razonable y una larga amortización. Hacia el este de la ruta 38 existía también una gran cantidad de tierras que habían sido parceladas entre pequeños productores de hortalizas, verduras, plantaciones de citrus, que se extendían a ambos lados de la ruta nacional, y formaban parte de la política de diversificación agrícola que había sobrevenido con el lanzamiento del Operativo Tucumán, luego del cierre de los ingenios en 1966, cuya aplicación permitió a la vez la radicación de un parque industrial en la zona de Famaillá. Pero toda esta nueva realidad demandaba de nuevas infraestructuras, como la vial. Con lo cual, en junio de 1974 el gobierno de Amado Juri llamó a licitación la obra de pavimentación de la ruta 323, que une Famaillá con Río Colorado, porque el tránsito se había intensificado notablemente en los últimos tiempos sobre ese camino que conecta la ruta nacional 38 con la 157, la otra ruta nacional que cruza de norte a sur, desde la Capital, toda la llanura del este provincial, y servía entonces para transportar la abundante producción frutihortícola y cañera de la zona. Con los años, llegaría el cultivo del arándano, que se extenderá como un producto de alta calidad por la zona de la ruta que comunica a los pueblos que fundó el Operativo Independencia, entre Monteros y Famaillá, como parte de la estrategia de la lucha antisubversiva.
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(C) Hugo Morales Solá
Fuentes:
· Archivo Histórico de Tucumán.
· Archivo de La Gaceta.
· Archivo de Indias. Portal de archivos españoles en red (PARES). www.pares.mcu.es
· Instituto de investigaciones históricas “Prof. Manuel García Soriano” de la Universidad delNorte “Santo Tomás de Aquino” (UNSTA).
· Biblioteca Provincial.
· Biblioteca de la H. Legislatura.
· Biblioteca del Museo Histórico de Tucumán.
· Municipalidad de Famaillá.
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